El Observatorio Galego do Xogo es un escalón más en el objetivo de la Xunta de garantizar un modelo de juego responsable

| 8 de octubre de 2025

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, informó de que el Consello aprobó en su reunión semanal el decreto que regula la creación del Observatorio Galego do Xogo. «Se trata de un organismo que estudiará, evaluará y hará un seguimiento del sector en la comunidad para garantizar un modelo de juego seguro y responsable», indicó.

La creación de este Observatorio está recogida en la Ley reguladora de los juegos de Galicia de 2023 con la que, tal y como resaltó Calvo, «Galicia se situó a la vanguardia de España» a la hora de legislar este sector con una ley que ahora «sirve de modelo a otras comunidades que están actualizando» su normativa.

El futuro Observatorio ofrecerá datos objetivos y contrastables sobre el juego para adaptar las políticas públicas a las necesidades sociales. Las principales funciones de este órgano serán, además de realizar propuestas y recomendaciones acerca de normas y políticas públicas, promover campañas de sensibilización y prevención de juego responsable y seguro, así como en materia de igualdad de género en este ámbito. También conocer, analizar y difundir información acerca de la situación del juego en Galicia.

El Observatorio podrá también promover la producción de material documental de interés sobre las materias propias de sus funciones y hacer un seguimiento de la normativa de juego en materia de publicidad, así como fomentar el conocimiento y el intercambio de información con otras instituciones a nivel nacional e internacional relacionadas con el sector del juego.

Para llevar a cabo sus cometidos, el Observatorio contará con un pleno compuesto por una presidencia y varias vocalías en las que, respetando el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, estarán representadas las consellerías con competencias en materia de seguridad y coordinación, sanidad, juventud, educación, deportes y hacienda, así como una persona representante de cada una de las tres universidades gallegas, una representación de los sectores del juego, otra de las asociaciones de lucha contra adicciones en esta materia y también una persona de las asociaciones de madres y padres gallegas.

Una ley garantista y a la vanguardia

Calvo destacó que el Gobierno gallego quiere garantizar que el juego sea una actividad «responsable y con garantías». De ahí que la actual Ley del juego de Galicia ponga por delante la prevención y la protección de los usuarios, con especial atención a los menores y a los colectivos más vulnerables.

La ley prohíbe, entre otras cosas, la concesión de créditos a las personas usuarias de los juegos, de bonificaciones y partidas gratuitas; veta la publicidad de los juegos de competencia autonómica en la radio y en la televisión de Galicia, con un régimen muy estricto en relación a la promoción, propaganda, patrocinio y publicidad de estas actividades, así como a la publicidad en la vía pública y medios de transporte.

La normativa recoge también el deber de que todos los establecimientos tengan un control de acceso que impida la entrada de menores y de las personas inscritas en el Registro de Prohibidos. Y duplica la distancia a la que tendrán que situarse los establecimientos de juego en relación a los centros oficiales de enseñanza reglada a menores de edad, y centros oficiales de rehabilitación de personas jugadoras patológicas.

Asimismo, la ley fija un límite máximo de establecimientos y establece un concurso público para poder acceder a las nuevas autorizaciones de instalaciones. Y, en relación a las máquinas de juego, recoge también medias de prevención dirigidas a planificar y limitar el juego en tragaperras y apuestas, limitando a dos el número de máquinas que pueden instalarse en los locales de restauración y ocio.

La creación del Observatorio Galego do Xogo es un escalón más en el objetivo del Gobierno gallego de garantizar un modelo de juego responsable que permita conjugar una actividad reglada y normativizada con la protección de los colectivos más vulnerables.